El periódico digital El Debate ha entrevistado al secretario general de alianzAS, Francisco Javier Sigüenza. A continuación, reproducimos la entrevista completa, que puedes leer también haciendo clic aquí:
AlianzAS, una organización de reciente creación, aspira a ser voz de las empresas de limpieza, mantenimiento integral, restauración, servicios de atención a mayores, instalaciones deportivas o servicios energéticos. Servicios todos ellos esenciales que tienen en común una alta dependencia de las administraciones públicas.
De ahí que su gran reclamación, compartida con otros sectores como la construcción, sea que se revise la Ley de Contratos del Sector Público para que se actualicen los precios, dado que la Ley de Desindexación, aprobada en 2015 imposibilita la revisión de precios de una licitación pública. «Eso incrementa los costes de toda la cadena de valor, ya sean en relación a materias primas, energía o de carácter laboral», critican desde AlianzAS, que agrupa a actividades representativas del 2,2 % del PIB con 1,2 millones de trabajadores.
– ¿Cuáles son los problemas más urgentes del sector?
– Los servicios son el patito feo de las administraciones, y no se nos permite revisar el precio de los contratos que están en vigor, ni siquiera cuando hay circunstancias ajenas impuestas por cambios legislativos. Por ejemplo, el salario mínimo. Se impone y no hay posibilidad de hablar con la Administración contratante para que haga una mínima revisión de precios. O si se cambian las cotizaciones. O por ejemplo si hay una pandemia y hay que comprar EPIS, etc. La ley de contratos del sector público obliga a mantenerse en contratos ruinosos que no se pueden negociar, y además no te puedes ir.
– ¿En qué porcentaje dependen de la contratación pública?
– En algunos sectores, el porcentaje es del 100 %, como por ejemplo en la dependencia. En residencias el 80 % es publico. En limpieza de interiores, el 60 %. En mantenimiento, el 75, en universidades, colegios, etc. En los ultimos años hemos tenido un incremento de costes. Si a eso le sumas el no poder irte (del contrato), es posible que entres en un procedimiento concursal. En ese caso, la licitación se acaba, los trabajadores se quedan en un limbo, hasta que llega un nuevo licitador mediante subrogación. Pero, ¿Quién se va a presentar cuando, en nuestro país, se tiene que hacer cargo de las deudas del anterior? Nadie. Esto es un problema para las empresas, y también laboral. Además, el servicio deja de prestarse. La cafetería de uno de los ministerios ha estado seis meses sin servicio de comida porque la empresa que presto el servicio entro en concurso, y nadie quería coger ese servicio. Cuando ya pasó un tiempo razonable para que no hubiera responsables, se volvió a sacar a licitación ya sin esa mochila. Pero esa no es la solución, la solución es que se modifique la legislación para que se resuelva la problemática actual, actualizando la ley de contratos del sector publico y el articulo 42 del Estatuto de los Trabajadores.
–¿Han encontrado buena acogida para su reivindicación?
–La fragmentación actual que existe en el Congreso y la dificultad de sacar normas mas allá de decretos leyes a convalidar, hace que cueste. Es de agradecer la buena recepción que hemos tenido entre los grupos. Pero los tramites parlamentarios se van prorrogando y prorrogando, como el caso del decreto ley de medidas de urgencia de la guerra de Ucrania, que quedó muerto. Esto nos afecta en todo, también en la reducción de jornada. Todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en que hay modificarlo, pero todos nos remiten al Ministerio de Hacienda. Estamos pendientes de ver la voluntad política del Gobierno. Pero con un Congreso en el cual es difícil que salga adelante cualquier iniciativa parlamentaria, es muy complicado.
«Con un Congreso tan fragmentado es muy difícil que salga adelante cualquier iniciativa política»
– ¿Y entre los sindicatos?
– Los sindicatos están de acuerdo con nosotros en que hay que revisar los precios. Tanto en las reuniones con el PP con el PSOE hemos ido de la mano con UGT y Comisiones, porque pensamos que es un problema del sector, común. Eso es importante porque da muestra del interés del asunto, dado que dificulta mucho la negociación colectiva.
– ¿Cómo les afectaría la reducción de jornada a 37,5 horas?
– Le digo a los políticos que viven en Los mundo de Yupi. No saben lo que es negociar con los miles de Ayuntamientos que hay en este país. Si tienes un contrato para limpiar un hospital, o hacer su mantenimiento, si se reduce la jornada, ¿Qué hago? Ahora tengo tres turnos de ocho horas, ¿meto a una persona para una hora? Si se modifican las condiciones de los trabajadores, se incrementa una burrada el coste del contrato y se dificulta de forma tremenda la prestación del servicio. Para nosotros el coste estimado es de 1.300 millones de euros. Y no es igual hablar con un ayuntamiento pequeño que con uno grande. En mitad del partido se cambian las reglas del juego, y sin posibilidad de revisar el incremento de costes, al contrario de lo que ocurre con el sector privado.
– ¿Hay diferencias a la hora de operar entre autonomías?
– En España dependemos mucho de las distintas interpretaciones que hacen los órganos consultivos. El servicio de atención en Andalucía tiene un precio por hora, que paga la Junta. Cuando se modifica, teóricamente se hace para que se pague más por ese servicio. Hubo quien los actualizó y quien no, interpretando que no se podía modificar el precio. Se hizo la consulta a la junta consultiva y respondió que sí se podía modificar porque era una modificación sustancial del contrato. Es decir, Andalucía es más proclive, mientras la junta centra y Hacienda es mucho más dura. Esto genera una cierta indefinición de la situación del mercado. Pero sobre todo hay diferencias entre Ayuntamientos: unos están abiertos a buscar soluciones y otros no. Hay que ir caso a caso incluso llegando a los tribunales
– ¿Sufre el sector el problema de falta de vacantes?¿Como son sus condiciones laborales?
–Hay cierta variedad en los sectores. En los centros especiales de empleo los trabajadores con discapacidad no es el caso, pero en el sector de dependencia cuesta mucho encontrar gente. Pero no es un punto común dentro de AlianzAS. Nosotros agrupamos diez sectores distintos.