El secretario general de alianzAS, Francisco Javier Sigüenza, ha defendido, en declaraciones al diario económico La Información, la postura de la organización respecto a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que pretende impulsar el Gobierno. Sigüenza ha recordado que la medida significaría un alza del 3,3% en los costes laborales, lo que equivale a 1.000 millones de euros, algo que no puede ser asumido por empresas de sectores intensivos en mano de obra con contratos públicos en vigor. «Al efecto económico se suman los problemas organizativos y estructurales que dimanan de las propias obligaciones contractuales de los contratos en vigor, que exigen una dedicación de las personas trabajadoras superior a la jornada que quiere imponerse», ha declarado el responsable de alianzAS. Francisco Javier Sigüenza también ha hecho referencia a la dificultad de buscar nuevo personal para cubrir estas horas en unos sectores que actualmente afrontan un problema de escasez de talento.
Además, respecto a la posible revisión de la cantidad de los contratos reflejada en la Ley de Contratos del Sector Público de hasta un máximo del 20% del importe inicial del contrato, Sigüenza ha subrayado que «esa previsión normativa debería ser la base para instar a una modificación de los contratos con base en estos incrementos de costes no previstos. La dificultad es operativa, ya que debe realizarse contrato a contrato y siempre dependiendo de los informes que se emitan desde los órganos de intervención de cada administración pública contratante»
El secretario general explica que en los casos en los que no se estima este cambio como oportuno, se recurre a la vía judicial donde se les suele dar la razón a las empresas tras un proceso «largo, costoso y tedioso». Sigüenza también ha señalado que la reducción de la jornada laboral agravaría una situación que ya es crítica para muchas de ellas, y que, por ello, defienden que «cualquier medida de esta índole debe conllevar necesariamente una transitoriedad y desvinculación absoluta de los contratos públicos ya existentes, que debido a las limitaciones legales no tienen capacidad de ser revisados».
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