A continuación, reproducimos el artículo de opinión del presidente de alianzAS, Javier Sigüenza, en el periódico El Economista. Puedes leer este texto en su publicación original haciendo clic aquí
En los últimos años, el avance social en nuestro país se ha caracterizado por elevar las condiciones de vida de millones de personas. Hoy, ese proceso se produce en un contexto internacional especialmente complejo, marcado por la volatilidad económica, la incertidumbre geopolítica y la recurrencia de shocks externos de gran magnitud que exigen respuestas cada vez más coordinadas.
El ámbito de los servicios esenciales concentra en España a más de 1,5 millones de personas trabajadoras en sectores como la limpieza y el mantenimiento integral de instalaciones, los servicios deportivos a las Administraciones Públicas, los servicios energéticos, la atención a la dependencia, la ayuda a domicilio, la inclusión laboral de personas con discapacidad, la restauración colectiva, los servicios auxiliares o la atención al cliente. Con un aporte del 2,2% del PIB nacional, y una facturación anual superior a 30.000 millones de euros, son actividades que permiten el funcionamiento ordinario de la economía y de los servicios públicos, y cuya estabilidad resulta clave en un entorno de creciente incertidumbre.
El reciente nombramiento de Arcadi España al frente del Ministerio de Hacienda, así como los cambios en distintos órganos del Gobierno, suponen un nuevo punto de partida. Esta etapa abre una oportunidad para reforzar los espacios de diálogo y avanzar en soluciones que permitan dar respuesta a los retos actuales desde una lógica de país.
En este contexto, la capacidad de adaptación del marco económico y normativo se convierte en un elemento central. La cooperación entre administraciones públicas y empresas resulta clave para afrontar transformaciones que, en muchos casos, vienen determinadas por factores externos y decisiones estructurales que afectan de forma transversal al conjunto de la economía.
Entre ellas, destacan las medidas orientadas a mejorar las condiciones laborales, como el incremento del salario mínimo interprofesional o la actualización de las cotizaciones sociales. Se trata de avances relevantes que, como ha señalado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, deben ir acompañados de mecanismos que faciliten su aplicación efectiva y sostenible en el tejido productivo.
La normativa actual, en particular la Ley de Contratos del Sector Público, introduce una rigidez que dificulta la adaptación de los contratos públicos a estos cambios. Diseñada en un contexto económico distinto, limita la posibilidad de incorporar incrementos de costes sobrevenidos derivados de decisiones normativas o de la negociación colectiva.
Este desajuste es especialmente significativo en los servicios esenciales intensivos en personas, donde los costes laborales representan cerca del 90% de la estructura de costes. En ausencia de mecanismos adecuados de revisión, estas tensiones afectan a la planificación económica, a la estabilidad del empleo y a la capacidad de adaptación de los servicios.
En este sentido, las distintas medidas propuestas por el ejecutivo en su mandato requieren, para su correcta implementación, de instrumentos que permitan acompasar su impacto en los contratos públicos. De lo contrario, puede generarse una brecha entre el objetivo de mejora social y la capacidad real de los sectores para absorber estos cambios en un entorno ya tensionado por factores externos.
Distintos responsables del ámbito económico han apuntado a la necesidad de incorporar mecanismos de transición que faciliten este proceso. Avanzar en esta línea permitiría alinear los objetivos sociales con la sostenibilidad económica de los servicios esenciales, evitando efectos no deseados sobre el empleo y la prestación de servicios.
Existe, en este sentido, una base de consenso suficiente para abordar una adaptación del marco normativo. Sindicatos como CCOO y UGT y alianzAS coincidimos en la necesidad de introducir mecanismos que permitan revisar los contratos públicos ante cambios estructurales de costes, lo que refleja un punto de partida sólido para avanzar en soluciones compartidas.
Desde una perspectiva de país, el objetivo es claro: asegurar que los avances sociales se traduzcan en un fortalecimiento sostenible del tejido productivo y de los servicios públicos. En un contexto internacional incierto, esta capacidad de adaptación no es una opción, sino una condición necesaria para proteger el empleo y garantizar la continuidad de servicios esenciales que resultan imprescindibles para millones de ciudadanos.
Desde nuestra Confederación existe confianza en que la nueva etapa en el Ministerio de Hacienda permita abordar este reto de forma prioritaria, incorporando los mecanismos necesarios para adaptar la contratación pública a la realidad económica actual. Avanzar en esta dirección, desde el diálogo y la corresponsabilidad, será clave para ofrecer certidumbre a empresas y trabajadores, y para no dejar atrás a más de 1,5 millones de personas que sostienen diariamente estos servicios esenciales.
