El medio DEMÓCRATA ha publicado una entrevista con el presidente de alianzAS, Javier Sigüenza, en la que analiza la necesidad de reformar la Ley de Contratación Pública para permitir la revisión de los precios de los contratos cuando se produzcan incrementos de costes sobrevenidos, especialmente aquellos derivados de cambios regulatorios o decisiones adoptadas por las administraciones públicas. A continuación, reproducimos la entrevista íntegra.
Tiempo ha que el sector de los servicios esenciales pide una reforma de la Ley de Contratación Pública para permitir la revisión de precios cuando se produzcan incrementos de costes sobrevenidos, especialmente los derivados de cambios regulatorios. Una demanda que asume como propia todo el arco parlamentario, incluidos los partidos que conforman el Ejecutivo, y que sin embargo permanece bloqueada. El motivo, Hacienda, tal y como detalla en una entrevista con DEMÓCRATA Javier Sigüenza, presidente de alianzAS, la confederación que agrupa a doce organizaciones empresariales de servicios esenciales.
Pregunta: AlianzAS lleva tiempo demandando una reforma de la Ley de Contratación Pública ante el incremento de costes. ¿Qué mecanismo concreto se está reclamando? ¿Una revisión automática, vinculada a determinados costes u otro sistema?
Respuesta: Lo que estamos solicitando es que se pueda revisar el precio de los contratos públicos. Antes de la reforma de la Ley de Contratación, a consecuencia de la Ley de Desindexación, los contratos tanto en obras como en servicios podían ser objeto de revisión. Esa sí era automática y con un porcentaje. Lo que nosotros solicitamos es que, ante el acaecimiento de determinadas circunstancias, los contratos de servicios que ya están en vigor puedan ser objeto de revisión de precios.
¿Automático o no automático?, pues depende. Puede haber fórmulas perfectamente delimitadas ante ciertas circunstancias, que es lo que han presentado vía enmienda algunos grupos parlamentarios; o puede ser objeto de valoración por el órgano de contratación; o que tenga una referencia a algo oficial. Un ejemplo claro sería una subida o la aparición de un nuevo impuesto o cotización a la Seguridad Social.
El mecanismo de equidad intergeneracional lo creó el Gobierno, un nuevo pago a la SS. Si yo tengo un contrato en vigor, ¿esto cuánto supone? Si es el 0,85% más, pues que se incremente el 0,85% de los costes inherentes al gasto de personal. También ocurrió durante la pandemia, que se ha tenido que ir a los domicilios de ancianos que viven solos con mascarilla, guantes, el buzo… Esto supone un incremento del coste, porque es obligatorio.
P: Iba a preguntarle qué costes deberían poder trasladarse a un contrato ya adjudicado y cuáles deberían quedar fuera, pero veo que plantea una fórmula variable que analice cada caso.
R: Claro. Pedimos una modificación del artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, o del artículo que regula la modificación de los contratos, y que se prevea la revisión para habilitar el sistema.
Otra cuestión que solicitamos es que, ante el incremento de los costes laborales como consecuencia de una negociación colectiva sectorial, se haga un cálculo de qué porcentaje dentro del coste de la prestación del servicio corresponde a los costes laborales. Si por ejemplo se ha incrementado un 4%, hagamos una revisión económica. Es decir, son simplemente cuestiones imprevistas o imprevisibles cuando comienzas a prestar un servicio.
Por otra parte, circunstancias imprevistas o imprevisibles en el momento de la contratación que permitan llegar a un acuerdo. Llámese pandemia, guerra, cierre del Estrecho de Ormuz… Desgraciadamente, en los últimos años suceden estas cosas. Esto se puede prever como un incremento de costes generales, regulados en el 205 de la Ley de Contratación Pública.
En una enmienda presentada por Junts y vetada por el Gobierno, lo contemplaban así. Eso tampoco se puede entender como riesgo empresarial, porque en un momento dado el Gobierno saca decretos para solventar situaciones, pero esos decretos afectan a muchos temas menos a la revisión de precios, casualmente.
P: Cabe preguntarse dónde está el límite para evitar que una revisión de precios termine trasladando a la Administración riesgos empresariales que deberían asumir las propias compañías.
R: En el sector privado, esto no pasa. Si hay un problema con una pandemia o de repente aparece un cambio en las condiciones económicas, lo tomas o lo dejas. Nosotros, en la relación con la Administración Pública, nos centramos en cuestiones como nuevos impuestos o costes a consecuencia de la Administración. Eso no puede decirse que sea un riesgo empresarial, porque es una decisión de la propia Administración Pública. Es, además, injusto.
Por otra parte, circunstancias imprevistas o imprevisibles en el momento de la contratación que permitan llegar a un acuerdo. Llámese pandemia, guerra, cierre del Estrecho de Ormuz… Desgraciadamente, en los últimos años suceden estas cosas. Esto se puede prever como un incremento de costes generales, regulados en el 205 de la Ley de Contratación Pública.
En una enmienda presentada por Junts y vetada por el Gobierno, lo contemplaban así. Eso tampoco se puede entender como riesgo empresarial, porque en un momento dado el Gobierno saca decretos para solventar situaciones, pero esos decretos afectan a muchos temas menos a la revisión de precios, casualmente.
P: ¿Se puede acabar prestando el servicio en pérdidas? ¿Han detectado casos de empresas que hayan renunciado a contratos públicos o concursos o que hayan quedado desiertos?
R: Sí. Hay dos cuestiones. El que queden desiertos los contratos es como consecuencia de lo que ha ocurrido antes. Y el abandono de servicios, tristemente, se produce. Esto genera una situación problemática para las personas trabajadoras, para la empresa, para la Administración y para el ciudadano que recibe los servicios. Nosotros estamos en alianzAS, que son doce confederaciones o asociaciones que prestan servicios esenciales. Hablamos de la comida en los colegios, la atención al domicilio, mantenimiento de la climatización de un hospital, limpieza, etcétera. Y sí, te encuentras con situaciones en las cuales la empresa no puede seguir. Es verdad que se consideran servicios esenciales y la Administración te obliga a seguir, pero en un momento dado, por mucho que te obligue, hay empresas que han entrado en procedimiento concursal.
P: En los últimos meses habéis podido ver este asunto con diferentes agentes, incluso en unas jornadas parlamentarias. Atesora el apoyo de sindicatos, CEOE, del Ministerio de Trabajo y de varios grupos parlamentarios. Con este nivel de consenso, ¿por qué no se ha producido aún un cambio legislativo? ¿Es Hacienda quien bloquea?
R: Efectivamente, esa es la gran pregunta y la triste respuesta. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Hacienda antes de la entrada del nuevo ministro [Arcadi España]. En las reuniones, vamos de la mano de CCOO y UGT, y entendían el problema. Y los grupos parlamentarios que soportan el Gobierno, también. Pero cuando intentamos profundizar en una propuesta, la reunión se acabó. Estamos intentando que nos reciba el nuevo ministro.
El Gobierno vetó enmiendas del PNV, de Junts… No lo entendemos. El PP dice que ‘ok’, pero no va a presentar ninguna enmienda porque con el panorama actual no hay visos de que prospere. Vox, lo mismo, nos dicen que están de acuerdo, pero no impulsarán enmienda porque no pasaría el filtro de la Mesa del Congreso.
Quien tiene la llave es Hacienda, que por algún extraño motivo, se niega a estudiar una cuestión que ya se ha hecho en Italia y en Portugal. Nosotros incluso en la propuesta de revisión de precios planteamos que si hay que establecer un límite en el incremento de los costes laborales cuando sea consecuencia de un convenio colectivo sectorial, el porcentaje de subida sea el incremento de los funcionarios. Pero ni se sientan a negociar. Hay alguien en Hacienda, no sabemos quién, de alto rango, que se niega.
P: ¿Qué escenario se plantea para los próximos meses? ¿Reunión con Hacienda y seguir insistiendo con los grupos?
R: Seguiremos intentando reunirnos con Hacienda, claro. Lo de los grupos y las enmiendas, es que Hacienda veta todas. Otra opción es que el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar tiene una proposición de ley registrada que no ha entrado a debate por los cupos parlamentarios. Cuando Sumar diga ‘presento esta propuesta’, entonces, tendrá que debatirse.
P: Por último, ustedes piden entrar en la Junta Consultiva de Contratación Pública. ¿Esto ayudaría?
R: Los servicios están excluidos de la Junta Consultiva de la Contratación Pública, que la que emite los informes de lo que hay que hacer. Precisamente, un informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública fue el detonante de que no se revisen los precios, porque yo tenía un informe del año 2015 que sí que permitió la revisión de precios, pero ahora ha dicho que no. Los servicios no estamos representados y queremos estar en la composición de la Junta. El real decreto que lo regula recoge que tendrían que estar presentes los sectores más importantes de contratación pública, que son servicios, obra y suministros. Los servicios, según datos de Hacienda, son el 50% del volumen y casi el 50% del importe, pero no tenemos ningún representante.
Una vez más, es Hacienda quien tiene la llave, pero lo que nos responde es que ‘muy bien’, pero no saben qué hacer.
DEMÓCRATA continúa siguiendo la actualidad de alianzAS
1. El Congreso calienta motores: leyes pendientes, prioridades contrarreloj y la sombra de las elecciones en el horizonte
DEMÓCRATA sitúa la reforma de los contratos públicos entre los asuntos económicos pendientes de la legislatura. El medio recoge las declaraciones de Javier Sigüenza, quien señala que existe un amplio consenso político y social para abordar la revisión de precios, pero que el avance de la medida continúa condicionado por la posición del Ministerio de Hacienda.
2. El precio de los contratos públicos, en el punto de mira: el consenso para revisarlos choca con el veto de Hacienda
En un análisis sobre la situación del sector, DEMÓCRATA destaca que el incremento de los costes laborales y operativos está poniendo en riesgo la viabilidad de numerosos servicios esenciales. La información subraya el respaldo de sindicatos, patronales y diversos grupos parlamentarios a la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, al tiempo que identifica a Hacienda como el principal freno para que la reforma salga adelante.
Consulta el análisis completo en este artículo.
