- La confederación señala que el sector de los servicios esenciales, que da empleo a más de 1,5 millones de trabajadores, no está justamente representado en la Junta Consultiva de Contratación Pública.
- Más del 48% del importe total licitado corresponde a contratos de servicios, siendo la categoría más importante de la contratación pública española.
- Los contratos de servicios representan, asimismo, más del 45% del total de concursos.
alianzAS, la confederación sectorial que representa a los servicios esenciales intensivos en personas trabajadoras en España, ha recordado la paradoja que atraviesa el sector que más contratos públicos ejecuta del Estado. Según el Informe Anual de Supervisión de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda de 2024 los contratos de servicios representan el 48% del presupuesto base de licitación. A pesar de ello, la Junta Consultiva de Contratación Pública—el órgano de asesoramiento e interpretación de la Ley de Contratos del Sector Público— no cuenta entre sus miembros con representación de los sectores de servicios esenciales.
Así, la rigidez del marco jurídico vigente, que impide la revisión de precios en los contratos del sector público, afecta a la sostenibilidad de las empresas de servicios, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y repercute de forma negativa a las plantillas de trabajadores en un sector intensivo en mano de obra. En consecuencia, más de 1,5 millones de personas trabajadoras en servicios esenciales se enfrentan a una segunda paradoja: cómo los avances en sus condiciones laborales quedan atrapados en contratos que no pueden adaptarse a los nuevos costes.
Ante ello, desde alianzAS defienden la compatibilidad de los avances sociales en materia laboral con la sostenibilidad de las empresas y un servicio de calidad, cuya actividad impacta cada día en la vida de millones de ciudadanos.
Como actor protagonista en la ejecución de una gran parte de los servicios públicos, la confederación confía en aumentar su representatividad de forma más justa y equilibrada ante los organismos implicados. «Los servicios esenciales son la columna vertebral invisible de lo público en España», afirma Javier Sigüenza, presidente de alianzAS.
«Ejecutamos más de la mitad del gasto fiscalizado en contratación de servicios, empleamos a 1,5 millones de personas trabajadoras, suponemos más del 2,25% del PIB y, sin embargo, no tenemos una voz representativa en las instituciones consultivas del Ministerio de Hacienda. Seguimos trabajando desde el diálogo y la colaboración institucional para que esa realidad evolucione y refleje mejor el peso de los servicios esenciales en la contratación pública española”, indica el máximo responsable de la confederación.
El consenso en torno a esta reforma es transversal entre todos los representantes de la negociación colectiva. UGT-Servicios Públicos y CCOO del Hábitat firmaron recientemente un documento conjunto con alianzAS reclamando la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. Por su parte, la CEOE y su presidente, Antonio Garamendi, han respaldado públicamente la propuesta, mientras que el Ministerio de Trabajo ha expresado su apoyo en cada negociación del SMI. Por último, la mayor parte de los grupos parlamentarios han reconocido la necesidad de la reforma del marco regulatorio actual, que permitiría trasladar a los contratos públicos los incrementos de costes laborales derivados de cambios normativos.
La nueva etapa al Ministerio de Hacienda abre una oportunidad para avanzar en esta reforma. alianzAS ya ha trasladado al gabinete del nuevo ministro, Arcadi Espada, su voluntad de reunirse en las próximas semanas. “Pedimos que se eleve el debate, que forme parte de la conversación pública, que el Congreso tenga la oportunidad de pronunciarse sobre un asunto que afecta a millones de ciudadanos y a más de millón y medio de trabajadores», ha señalado Sigüenza.
Las crisis recientes y la inestabilidad internacional han demostrado, además, la relevancia estratégica de este sector. Garantizar que el marco regulatorio permita a estas empresas seguir operando no es solo una cuestión de justicia contractual, sino que es una condición necesaria para la autonomía estratégica del país y la resiliencia de sus servicios públicos ante futuras disrupciones.
