EL PAÍS analiza la situación que afrontan los servicios esenciales ante la imposibilidad de revisar los precios de los contratos públicos, una reivindicación que alianzAS viene defendiendo desde hace años. En el reportaje, Javier Sigüenza, presidente de la Confederación, explica que «entre el 70% y el 75% de los costes de estos servicios corresponden a gastos laborales», por lo que las subidas salariales, las nuevas cotizaciones o el incremento de otros costes operativos están poniendo en riesgo la sostenibilidad económica de numerosos contratos.
El presidente de alianzAS reclama que las empresas que prestan servicios esenciales puedan acceder a mecanismos de revisión de precios cuando se produzcan circunstancias sobrevenidas e imprevisibles. «Solo pedimos que se nos trate como a los demás«, señala, en referencia a la comparación entre los funcionarios y los empleados de sus compañías: «En el sector público ven cómo se revalorizan sus salarios, en muchas ocasiones por encima del IPC. Nosotros no podemos hacer esas mejoras porque el precio del contrato no se puede modificar. Al final nuestros trabajadores ven cómo los otros empleados del sector público ven mejorar sus condiciones y ellos no».
El reportaje también recoge el testimonio de Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, organización miembro de alianzAS, en calidad de director general de las residencias de mayores del Grupo Casablanca. Fernández-Cid expone el impacto que esta situación tiene en su sector, y destaca que las residencias deben asumir incrementos significativos en costes laborales, alimentación o energía sin que exista la posibilidad de actualizar la financiación de los contratos vigentes, lo que reduce notablemente sus márgenes de operación.
La información pone de relieve el creciente consenso existente entre patronales, sindicatos y diferentes fuerzas políticas sobre la necesidad de adaptar la normativa de contratación pública a la realidad económica actual, una demanda que alianzAS continúa impulsando para garantizar la viabilidad de los servicios esenciales que reciben millones de ciudadanos.
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